Gobernadores de Luisiana, Alabama y Texas pidieron a la EPA que los exima del corte obligatorio de biocombustibles para 2027, argumentando que encarece los combustibles. El sector agroindustrial y de biocombustibles rechazó el planteo y advirtió que reduciría la demanda de maíz y soja y subiría los precios.
Los gobernadores de Luisiana y Alabama solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) eximir de manera parcial del cumplimiento de los niveles de mezcla del Estándar de Combustibles Renovables (RFS) correspondientes a 2027, con el argumento de que esos mandatos encarecen la gasolina y el diésel. Tras presentar el pedido, los mandatarios instaron a los gobernadores de Texas, Misisipi y Arkansas a sumarse; por el momento, el único que se incorporó fue el gobernador de Texas, Greg Abbott.
"Los estadounidenses están pagando más por la gasolina y el diésel a causa del Estándar de Combustibles Renovables (RFS). Mientras tanto, Europa paga cero por la gasolina y el diésel estadounidenses, ¡y los exporta! Es hora de poner a los conductores estadounidenses PRIMERO", publicó en redes sociales el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, republicano. En una carta dirigida a Lee Zeldin, administrador de la EPA, los gobernadores sostuvieron que las reglas de biocombustibles de 2027 "perjudicarían severamente" las economías de Luisiana y Alabama, así como de la región sudeste.
Grupos que representan a productores de biocombustibles y a agricultores rechazaron de plano el planteo de Landry. "Cualquier sugerencia de que la mezcla de etanol exigida por el RFS está de alguna manera elevando los precios de la gasolina es completamente absurda y demostrablemente falsa", afirmó Geoff Cooper, director ejecutivo de la Renewable Fuels Association. "Lejos de brindar 'alivio' en el surtidor, una exención de los requisitos del RFS 2027 eliminaría del mercado una fuente confiable de combustible de menor costo y menor carbono y provocaría precios más altos de la gasolina", agregó.
La American Soybean Association (ASA) recordó que "el costo promedio nacional de las mezclas de biocombustibles es menor que el de los combustibles derivados del petróleo convencionales", por lo que los pedidos no se sustentan en la razonabilidad económica sino en la defensa de los intereses de la industria petrolera. "No nos engañemos: socavar el programa de biocombustibles mediante la exención del cumplimiento resultaría en un regalo para las refinerías que están obteniendo ganancias récord, mientras que el agro estadounidense quedaría perjudicado", sostuvo la entidad.
ASA señaló que "las compañías estadounidenses de petróleo y gas han obtenido ganancias récord de 160.000 millones de dólares desde abril, un aumento de más del 175% en comparación con el año pasado", mientras que "los agricultores estadounidenses luchan por mantener sus granjas y no pueden permitirse otra pérdida de mercado". En la misma línea, Emily Skor, directora ejecutiva de Growth Energy, advirtió que "si la EPA otorgara a estos estados el trato especial que están pidiendo, aumentaría los precios del combustible —no los bajaría— al reducir la cantidad de etanol que se mezcla en el suministro de combustible de Estados Unidos".
Para Monte Shaw, director ejecutivo de la Iowa Renewable Fuels Association, la solución real para bajar los precios del combustible es impulsar la oferta doméstica mediante la aprobación en el Congreso de una ley que permita la venta voluntaria de E15 durante todo el año, una mezcla con mayor proporción de etanol que el estándar nacional de alrededor del 10%. El profesor de la Universidad de Illinois Scott Irwin se mostró "muy sorprendido" de que ambos estados hayan apelado al "daño económico severo" como justificación: "Es una vara muy alta de superar, y la EPA nunca aprobó una solicitud de exención previa basada en esa justificación. Según mi cuenta, el récord es un perfecto 0-4".
El planteo se produce después de que, el 31 de agosto, la EPA eximiera a 29 refinerías de cumplir con el mandato obligatorio de mezclar biodiésel con gasoil y bioetanol con nafta: 18 recibieron exenciones del 100% y 11 del 50%, lo que implicó la cancelación de un total de 1.760 millones de RINs para el cumplimiento del mandato correspondiente a 2025.
Esa resolución equivale a 13.400 millones de galones de nafta y gasoil, una cifra que representa el 7,5% de la oferta anual de ambos combustibles en Estados Unidos. La medida tuvo un impacto bajista directo en el aceite de soja y, en menor medida, en el maíz estadounidense. El 13 de octubre, la EPA anunció revisiones al asegurar que los volúmenes comprometidos se mantendrían al ser relocalizados en un 100% en años posteriores, aunque ese anuncio no generó mayor impacto en las cotizaciones del aceite de soja del CME Group, que siguieron presionadas a la baja y solo revirtieron la tendencia en las últimas jornadas.
El debate ocurre tras las elecciones de medio término, en las que los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado con mensajes centrados en restaurar la asequibilidad ante los altos precios del combustible y otros productos. Por otra parte, algunos lobistas energéticos consideran que esas victorias podrían alentar a ciertos grupos ambientalistas a endurecer su oposición a los biocombustibles líquidos.
El lunes, miembros del sindicato United Steelworkers se reunieron en el Capitolio para instar a los legisladores a reformar el RFS, al argumentar que los crecientes costos de cumplimiento ejercen presión alcista sobre los precios del combustible y ponen en riesgo empleos en Estados Unidos. "Las elecciones de medio término pusieron la asequibilidad en primer plano y, para las familias trabajadoras, pocos costos son más visibles que el precio de la gasolina", señaló Roy Houseman, director legislativo de USW.
