El emprendimiento “Burros Patagones”, que criaba burros para carne y leche en Punta Tombo, quedó congelado tras una investigación de oficio por crueldad animal que lleva siete meses sin avances. Su promotor, Julio Cittadini, sostiene que el freno es político y no legal.
El emprendimiento “Burros Patagones”, que buscaba instalar la cría de burros para consumo de carne y leche en Punta Tombo (Chubut), quedó congelado a siete meses de haber irrumpido en la agenda pública. Su promotor, Julio Cittadini, asegura haber quedado preso en un limbo judicial y sostiene que el freno es político y no legal.
Fue a mediados de 2025 cuando Bichos de Campo dio a conocer la iniciativa de este ganadero, que maneja un rodeo que hoy supera las 150 cabezas. A la producción de leche de burro —que proliferó en los últimos años por ser apta para personas con alergia a la proteína de leche de vaca—, Cittadini buscaba sumar la producción de carne.
En abril, con un permiso provisorio emitido por el Ministerio de Producción provincial, el ganadero realizó una prueba piloto que incluyó la faena de algunos ejemplares en un frigorífico local, una degustación y la venta al público de unos pocos cortes. Aunque la experiencia se concretó sin mayores complicaciones, la noticia desató la polémica.
No solo se afirmó erróneamente que había carne de burro circulando en distintas carnicerías del país, sino que se aseguró que esta proteína venía a competir con la carne vacuna en un contexto de crisis económica. Las estadísticas oficiales desmienten esa posibilidad: Argentina cerró 2025 con 50,9 millones de vacunos registrados, mientras que el último dato de marzo de 2024 arrojó existencias de apenas 62.269 burros.
El revuelo bastó para que el proyecto nunca despegara. La fiscal general en materia ambiental de Chubut, Florencia Gómez, abrió una investigación de oficio a Cittadini por “crueldad y maltrato animal”.
“Hicimos una prueba piloto que fue controlada por el Ministerio de Producción, que salió perfecta a lo largo de todos los eslabones, que estaba por derivar en autorizaciones de faena definitivas, y se nos metió una fiscal en el medio, apoyada por grupos ambientalistas. Salió en todos los medios con una serie de inexactitudes y la administración pública aprovechó para congelar todo. Fíjense la ironía: hace 7 meses que estoy investigado y jamás se me llamó a declarar”, dijo Cittadini.
Entre los argumentos expuestos por Gómez se encuentra la prohibición del consumo de burro en el país, algo que el ganadero niega. “No existe ninguna norma que lo impida. Al contrario: la Ley 24.525 promociona la crianza, producción y consumo de carne equina”, afirmó.
La norma sancionada en 1995 declara “de interés nacional y prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de ganado, carne equina, productos y subproductos de la especie equina y de toda otra actividad directa o indirecta vinculada con la misma”. A ella se suma el Decreto 4238/1968, que establece el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal e incluye expresamente a los equinos entre los animales cuya faena para consumo humano está permitida, siempre que se realice en establecimientos habilitados.
Es cierto que el Código Alimentario Argentino no menciona expresamente a la carne de caballos ni de burros, y que históricamente el país volcó la producción de este alimento al mercado de exportación, dado el rechazo cultural de los consumidores. De hecho, la carne equina posicionó al país en el cuarto lugar entre los exportadores mundiales, detrás de Polonia, Bélgica y Mongolia. Según Cittadini, nada de esto es abordado por la fiscal en la causa, que hace tiempo no tiene ningún avance.
“Hablan de una matanza y venta clandestina, cuando todo esto se hizo con el auspicio del Ministerio de la Producción. Pero si un fiscal sale a plantear esto públicamente, mucha gente empieza a dudar. Lamentablemente se politizó el tema por la repercusión que tuvo a nivel nacional. Y la administración pública aprovecha la cuestión y se lava las manos, porque realmente no quiere tomar ningún tipo de resolución”, afirmó el ganadero.
“Le pedí a la Justicia ser citado a declarar, pero me contestan que, como no estoy oficialmente acusado de nada, no corresponde que vaya a defenderme. Lo que yo digo es: si no estoy oficialmente acusado de nada, tampoco tienen por qué prohibirme avanzar con esto. Pero la causa sigue ahí”, reclamó.
La cuestión judicial no es la única que preocupa al chubutense. “Estoy en plena época de pariciones. Al no poder faenar, a corto plazo se va a producir un problema ecológico en el campo, porque voy a superar la cantidad de animales que puedo tener. ¿Y quién se va a hacer cargo de todo eso? Esto es algo que yo planteé a las autoridades. Ellos podrían decirme que no siga con esto, ¿pero de qué viviré? Toda la inversión ha sido puesta para eso. Si no me permiten faenar, ¿qué hago con los animales?”, señaló.
