Senasa publicó la Resolución 949/2026, que deroga normas de 1964 y 1966, aprueba un plan de contingencia y ratifica la obligación de denunciar y controlar langostas y tucuras. El IICA cifra en 3.700 millones de dólares la producción potencialmente expuesta en NOA y NEA.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el marco normativo para combatir la langosta sudamericana y las tucuras mediante la Resolución 949/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida deroga disposiciones vigentes desde 1964 y 1966, aprueba un nuevo plan de contingencia y ratifica las obligaciones de los productores frente a estas plagas históricas.
En los fundamentos, el organismo señaló que “la atomización actual del marco normativo vigente en la materia atenta contra la celeridad y la eficacia que demandan las acciones de control de las referidas plagas en territorio”. La resolución reorganiza el Programa Nacional de Langostas y Tucuras, creado en 2017 y ratificado en 2019.
El artículo 7 ratifica la obligación de denunciar inmediatamente la presencia de la plaga en estado de huevo, ninfa o adulto. La exigencia alcanza a productores y responsables de explotaciones agrícolas y ganaderas, a autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales, a prestadores de servicios de control y a cualquier otra persona que detecte la presencia del insecto.
El artículo 8 establece que los responsables de establecimientos agrícolas y ganaderos deben “realizar las acciones de control pertinentes”, por medios propios o mediante servicios contratados a terceros, utilizando productos fitosanitarios autorizados o registrados ante el Senasa y respetando las buenas prácticas de aplicación. También deberán “permitir el ingreso a los agentes oficiales” para tareas de vigilancia, supervisión y fiscalización. Los incumplimientos podrán sancionarse conforme a la Ley 27.233.
La langosta sudamericana constituye una amenaza histórica por su “altísima capacidad de dispersión, gregarismo y voracidad”, características que le permiten desplazarse en grandes agrupamientos y provocar daños sobre extensas superficies productivas. Las tucuras, aunque no presentan esa misma capacidad de desplazamiento masivo, pueden ocasionar pérdidas significativas a escala local.
La resolución recupera un estudio elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 2020, que identifica al NOA y al NEA como las regiones con mayor probabilidad de resultar afectadas por la langosta sudamericana. Según ese análisis, el valor de la producción de los principales cultivos de ambas regiones ronda los 3.700 millones de dólares, cifra que no contempla frutales, cultivos industriales, pasturas naturales ni otros forrajes y que representa una producción potencialmente expuesta, no pérdidas efectivamente registradas.
La norma aprueba un nuevo Plan de Contingencia para la langosta sudamericana, que establece los procedimientos de respuesta ante la sospecha o detección de agrupamientos de la plaga. Contempla mecanismos de activación, responsabilidades de los distintos actores, acciones de vigilancia, evaluación del riesgo, medidas de control y pautas de comunicación y seguimiento.
Sus cinco grandes líneas de trabajo son: vigilancia y análisis de la dinámica poblacional; control de focos con participación de organismos públicos y productores; capacitación y comunicación; investigación y transferencia de tecnologías; y planificación de las estrategias sanitarias.
