La Justicia aún no define la venta de los activos de SanCor, pese a que la Cámara de Rafaela ratificó las bases de licitación con ocho interesados. La producción es esporádica y los 178 trabajadores activos cobran salarios incompletos sin cobertura de salud plena.
La situación de SanCor Cooperativas Unidas Limitada no registra avances concretos. A casi un mes y medio de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Laboral de Rafaela devolviera al juez Marcelo Gelcich la potestad de definir nuevas fechas de licitación para la venta de activos de la quebrada cooperativa láctea, la espera se mantiene desde el 18 de septiembre y no hay indicios de una pronta definición. El proceso conserva ocho interesados.
El fallo firmado por los doctores Hail, Lorenzetti y Álvarez Tremea ratificó en términos generales las bases de licitación, rechazó los pedidos de nulidad y dispuso una serie de pautas orientadas a garantizar mayor transparencia y rapidez en la etapa final, sobre todo para facilitar el cobro de acreencias de trabajadores, proveedores y demás afectados por la quiebra. Según la Justicia, la demora en la liquidación de los activos deteriora su valor y posterga la “satisfacción de créditos de carácter alimentario”.
Entre los cambios introducidos, la Cámara habilitó el pago de ofertas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación y ya no sólo en dólares; mantuvo la prohibición de adquirir bienes mediante terceros o fondos ajenos; ordenó establecer criterios objetivos de evaluación antes de la apertura de sobres; y confirmó la posibilidad de compensación para acreedores con garantías reales.
Los jueces mantuvieron dentro del proceso licitatorio la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, pese a los litigios existentes sobre su titularidad. Para resguardar los derechos en disputa, determinaron que una parte del precio obtenido quede depositada en una cuenta judicial hasta que exista una resolución definitiva sobre esos activos. También rechazaron las impugnaciones presentadas por uno de los síndicos y por distintos aspirantes al proceso.
SanCor mantiene un vínculo directo con 178 trabajadores, aunque el impacto laboral acumulado supera las 2.500 personas desvinculadas en distintas etapas de la crisis. Quienes siguen en calidad de empleados llevan unos cuatro meses sin recibir recibos de sueldo; en los últimos se dejaba constancia de un descuento por baja producción, de modo que los pagos que se realizan cada dos semanas no cubren el total que correspondería a cada salario. Algunos trabajadores hablan de estar cobrando la mitad de lo que deberían. No se pagan diferenciales por turnos nocturnos, trabajo durante fines de semana ni actividad en feriados.
Sin claridad en la administración de los fondos y en el movimiento de los productos, los trabajadores quedan sin prestaciones constantes de la obra social: sólo tienen cierta certeza en cuanto a emergencias o algunas especialidades puntuales, pero hace meses no cuentan con cobertura en servicios habituales de control, prevención o tratamientos de la salud.
En las últimas semanas se notó la presencia de algunos productos con marca SanCor en comercios y distribuidores de diferentes puntos del país: quesos, dulce de leche, manteca y crema de leche elaborados en las plantas de Balnearia y Devoto, las más activas de los últimos años. La producción es esporádica.
El gremio Atilra está corrido del vínculo con los trabajadores y no hizo más que complicar la situación, aliándose y peleándose con supuestos inversores. Ahora estaría intentando promover a una empresa puntual, con nulas respuestas hacia quienes cobran mal, han sido despedidos o esperan que las promesas de años se cumplan. También se conoció que el estudio de abogados que promovía una supuesta salida asociativa —con inversores en el 51% de la propuesta identificados como los favoritos del gremio— habría dejado de lado la iniciativa.
La demora, calificada de arbitraria, resulta difícil de comprender para un proceso que ya estaba organizado para el mes de junio, y tiene efectos incluso sobre la licitación de otra firma láctea quebrada, Alimentos Refrigerados SA (ARSA), que comparte a muchos de los aspirantes a la compra.
Además de los productores que quedaron colgados con las deudas, los prestadores de servicios, los Estados y sus impuestos y las entidades bancarias, son los trabajadores quienes desesperan en este tiempo de inamovilidad de la causa. No se trata sólo de los 178 que siguen vinculados ni del aproximado de 1.500 despedidos en los últimos dos años, sino de una masa de 4.500 personas que en 2001 formaban parte de la entonces SanCor, cuando Héctor Ponce asumía el secretariado nacional en Atilra. La cooperativa fue empujada a la quiebra, pero la definición aún parece lejana.
