El diplomático europeo Enrico Prezio sostuvo que el Reglamento 1115 puede favorecer a los exportadores argentinos que ya documenten el origen de su producción, al exigir que madera, soja y carne vacuna no provengan de campos deforestados a partir de 2021.
Lejos de verlo como una amenaza, el Reglamento 1115 de la Unión Europea puede convertirse en una ventaja comercial para los exportadores argentinos que ya tengan documentado el origen de su producción. Así lo planteó Enrico Prezio, primer secretario de la sección de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, durante un seminario forestal realizado en Posadas.
“Toda la obligación se aplica al operador económico que pone el producto en el mercado europeo”, aclaró Prezio a Bichos de Campo. En una operación de importación, es ese operador quien debe hacer la “debida diligencia” y presentar la declaración de que el producto no proviene de un campo deforestado a partir de 2021.
Para cumplir con esa exigencia, explicó el diplomático, el importador le pedirá información al proveedor argentino. Allí aparece la consecuencia comercial: si un proveedor puede aportar los datos de origen y otro todavía debe reconstruirlos, el comprador tiene un motivo para elegir al primero. En ese punto, Prezio considera que Argentina podría sacar ventaja sobre otros proveedores.
El Reglamento (UE) 2023/1115 alcanza a productos de las cadenas de la madera, la soja y la carne vacuna, y exige que sean libres de deforestación y producidos conforme a la legislación del país de origen. La fecha de corte para la tala de árboles en los campos de origen es el 31 de diciembre de 2020. Entre los datos que debe reunir el operador está la geolocalización de las parcelas de producción o, para el ganado bovino, de los establecimientos donde estuvieron los animales a lo largo de su crecimiento.
En Misiones, Prezio puso como ejemplo a las empresas forestales que ya trabajan con estándares internacionales: allí hay superficies certificadas para las que ya se delimitó y geolocalizó el terreno y se documentó la cadena de custodia, por lo que parte del trabajo está hecho.
Otro punto de discusión es que Argentina figura como país de “riesgo estándar” y no de “bajo riesgo”, como pretendía. Prezio defendió el uso de criterios comunes para todos los países y vinculó la clasificación argentina con la expansión de la agricultura hacia el norte, aunque admitió que la categoría puede revisarse, sin dar una fecha ni anticipar un cambio.
La Argentina ya cuestionó ante la Organización Mundial del Comercio que la evaluación no hubiera ponderado adecuadamente su normativa ambiental y sus sistemas de trazabilidad, monitoreo y geolocalización, pero por ahora lleva las de perder.
Según el calendario de la Comisión Europea, el reglamento comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para las empresas grandes y medianas y el 30 de junio de 2027 para la mayoría de las micro y pequeñas. Mientras tanto, la cadena agroindustrial europea y el gobierno argentino siguen pidiendo flexibilizaciones.
