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Luisiana y Alabama, con apoyo de Texas, piden a la EPA eximir el corte de biocombustibles de 2027 y el agro lo rechaza

Los gobernadores de Luisiana y Alabama, con Texas, pidieron a la EPA una exención parcial del RFS para 2027, alegando que encarece los combustibles. Productores de biocombustibles y agricultores instaron a rechazarla por elevar precios y golpear la demanda de maíz y soja.

¿Qué antecedentes de exenciones y de precios del aceite de soja explican la resistencia del sector agroindustrial?

Los gobernadores de Luisiana y Alabama, Jeff Landry y Kay Ivey, solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) una exención parcial de las obligaciones de mezcla del Renewable Fuel Standard (RFS) para 2027, con el argumento de que el programa encarece la gasolina y el diésel. Tras presentar el pedido, instaron a los gobernadores de Texas, Misisipi y Arkansas a sumarse; por el momento, el único que se adhirió fue el gobernador de Texas, Greg Abbott.

En una carta del 9 de noviembre dirigida al administrador de la EPA, Lee Zeldin, Ivey y Landry sostuvieron que el RFS —que exige un volumen mínimo de biocombustibles en los combustibles vendidos en Estados Unidos— provoca un “daño económico severo” al elevar los precios. “Los estadounidenses están pagando más por la gasolina y el diésel a causa del Renewable Fuel Standard (RFS). Mientras tanto, Europa paga cero por la gasolina y el diésel estadounidenses, ¡y los exporta! Es hora de poner a los conductores estadounidenses primero”, publicó Landry en redes sociales. Los gobernadores también señalaron que medidas de la Casa Blanca —como diferir el impuesto especial federal al diésel teñido, presionar a naciones europeas para liberar 100 millones de barriles de reservas y rechazar una prohibición de exportaciones— ayudaron a aliviar las presiones de precios, pero que se necesita más.

La petición se limita a las Obligaciones de Volumen Renovable (RVO) de 2027, no a las de 2026. “Como el año de cumplimiento 2026 está casi completo, los estados solicitantes buscan alivio solo para 2027, cuando una exención puede brindar un alivio prospectivo significativo sin alterar las obligaciones que las partes obligadas y los productores de combustibles renovables ya han planificado para 2026”, escribieron. “Creemos que eximir las obligaciones permitirá el uso económico del combustible renovable sin cargar a nuestros ciudadanos con los altos precios que impone este programa”.

El rechazo del sector de biocombustibles y del agro

Los grupos que representan a productores de biocombustibles y a agricultores rechazaron de plano esa justificación. “Cualquier sugerencia de que la mezcla de etanol exigida por el RFS está de algún modo elevando los precios de la gasolina es profundamente absurda y demostrablemente falsa”, afirmó Geoff Cooper, presidente y director ejecutivo de la Renewable Fuels Association (RFA). “Lejos de brindar ‘alivio’ en el surtidor, una exención de los requisitos del RFS de 2027 eliminaría del mercado una fuente confiable de combustible de menor costo y menor carbono, y provocaría precios más altos de la gasolina. También perjudicaría a los agricultores de maíz y soja en apuros de Alabama, Luisiana y todo el país al socavar la demanda de sus cultivos. La EPA debería rechazar de forma rápida y contundente estas solicitudes de exención”.

La American Soybean Association (ASA) advirtió que conceder las exenciones “asestaría un duro golpe a los mercados nacionales de soja de EE.UU. y a las economías rurales”. La entidad recordó que “el costo promedio nacional de las mezclas de biocombustibles es menor que el de los combustibles derivados del petróleo convencionales” y señaló que al menos una petición “afirmó falsamente que una exención apoyaría a los productores agrícolas y avícolas, pese a los beneficios económicos que una fuerte demanda de combustibles renovables brinda a ambas industrias y a las comunidades rurales”. “Al igual que todos los estadounidenses, los productores agropecuarios están sintiendo el impacto del precio en las estaciones de servicio y se ven obligados a tomar decisiones difíciles para mantener sus negocios. Pero no nos engañemos: socavar el programa de biocombustibles mediante la exención del cumplimiento resultaría en un regalo para las refinerías que están obteniendo ganancias récord, mientras que el agro estadounidense quedaría perjudicado”, sostuvo la ASA. La entidad remarcó que “las compañías estadounidenses de petróleo y gas han obtenido ganancias récord de 160.000 millones de dólares desde abril, un aumento de más del 175% en comparación con el año pasado”, mientras los agricultores “no pueden permitirse otra pérdida de mercado”.

Scott Irwin, profesor de la Universidad de Illinois, dijo estar “muy sorprendido” de que los dos estados recurrieran al argumento del “daño económico severo”. “Es un listón muy alto de superar, y la EPA nunca ha aprobado una solicitud de exención previa basada en esa justificación. Según mi conteo, el récord es un perfecto 0-4”, señaló. Según la RFA, desde 2008 la EPA recibió casi dos docenas de peticiones de exención de gobernadores y otras 14 de intereses refinadores, todas rechazadas por no demostrar el daño económico severo exigido.

El antecedente de los RINs y el impacto en el aceite de soja

El pedido llega en un contexto regulatorio ya sensible para el aceite de soja, principal insumo del biodiésel. El 31 de agosto, la EPA eximió a 29 refinerías de cumplir con el mandato obligatorio de mezclar biodiésel con gasoil y bioetanol con nafta: 18 recibieron exenciones del 100% y 11 del 50%, lo que implicó la cancelación de 1.760 millones de RINs (Renewable Identification Number) para el cumplimiento de 2025. Esas excepciones equivalen a 13.400 millones de galones de nafta y gasoil, el 7,5% de la oferta anual de ambos combustibles en Estados Unidos.

La resolución presionó a la baja las cotizaciones del aceite de soja del CME Group. El 13 de octubre, la EPA anunció una revisión al asegurar que los volúmenes comprometidos se mantendrían al ser relocalizados en un 100% en años posteriores, pero ese anuncio no logró revertir de inmediato la tendencia bajista. El sector teme además que una exención concedida frene una reactivación que recién comenzaba: la EPA fijó para 2026 y 2027 las obligaciones de volumen renovable más altas de la historia del programa, y la molienda de soja y la producción de biodiésel empezaban a acelerarse.

Presión política y riesgo de efecto en cadena

El debate se da tras unas elecciones de medio término en las que la asequibilidad de los combustibles quedó en el centro de la agenda y los demócratas se hicieron con el control de la Cámara y el Senado para el próximo año. Los United Steelworkers instaron al Congreso a reformar el RFS, argumentando que el aumento de los costos de cumplimiento presiona al alza los precios y pone en riesgo empleos. “Las elecciones de medio término han puesto la asequibilidad en primer plano y, para las familias trabajadoras, pocos costos son más visibles que el precio de la gasolina”, afirmó Roy Houseman, director legislativo del sindicato. “Washington necesita reconocer cómo las políticas federales de combustibles pueden afectar lo que los estadounidenses pagan en el surtidor y los empleos bien remunerados que sostienen la producción nacional de combustibles”.

Growth Energy advirtió que revertir el RFS desharía el “trabajo histórico” de la administración Trump para impulsar los biocombustibles. “Si la EPA otorgara a estos estados el trato especial que solicitan, aumentaría los precios de los combustibles —no los bajaría— al reducir la cantidad de etanol mezclado en el suministro de combustible de Estados Unidos”, dijo Emily Skor, directora ejecutiva de la entidad. Por su parte, Troy Bredenkamp, de la RFA, alertó que el peor escenario sería una exención concedida que desatara un efecto en cadena: “Tendría un efecto acumulativo con el tiempo. Dependiendo de cuánto dure la exención, podría haber una disminución significativa de la demanda de etanol y biodiésel”.