El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, atribuyó al Consejo Directivo la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio y enumeró presuntas irregularidades del proyecto SPRINT. Desde Europa, Violette Geissen calificó el castigo de 'injusto' y sostuvo que Aparicio siguió 'los protocolos al pie de la letra'.
El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, ofreció por primera vez explicaciones públicas sobre la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio, coordinadora local del proyecto europeo SPRINT, que midió residuos de agroquímicos en el ambiente y en personas. En una entrevista con Agrositio, el funcionario atribuyó la sanción al Consejo Directivo del organismo y afirmó: “No estoy feliz de la decisión, pero estoy seguro que tomamos la mejor decisión para el instituto tecnológico para el cual trabajo”.
Aparicio coordinó entre 2020 y 2023 la participación argentina en SPRINT, una iniciativa en la que intervinieron diez países de la Unión Europea y a la que el propio INTA suscribió. La exoneración, que implica su expulsión del sector público, fue dictada semanas atrás por el Consejo Directivo tras un sumario interno iniciado en 2023, cuando el proyecto se disponía a difundir sus primeras mediciones.
Bronzovich negó que la medida responda a una persecución personal. “Estudió en el INTA Balcarce igual que yo. Yo la conocía a Aparicio, aunque era unos años menor. No tengo nada contra ella y podría hasta hablar bien de ella”, indicó, aunque reiteró que la decisión correspondió al Consejo Directivo, donde conviven representantes de entidades rurales y de las universidades.
El presidente del INTA enumeró las causales que, según su relato, derivaron en la sanción: no aportar información cuando fue requerida en 2023, cambiar el comité de ética originalmente pactado, enviar muestras de sangre directamente a una universidad europea en lugar de analizarlas primero en la Argentina y tomar 73 muestras cuando el protocolo fijaba 72.
También mencionó presuntas irregularidades en el manejo de información confidencial, porque la investigadora remitió a Europa el informe con los resultados pese a que el INTA se lo había prohibido. La acusación más grave, según publicó Bichos de Campo, es que Aparicio habría usado parte de los fondos girados desde Europa para subcontratar a su pareja, un jubilado del INTA que no figuraba en el listado original de personal autorizado a participar del proyecto.
El presidente del INTA aclaró que en los resultados publicados en la página oficial del proyecto SPRINT “en ningún caso alcanzó el límite mínimo de residuos definido por la Unión Europea”. Sobre las muestras de sangre de cerca de 70 personas que accedieron voluntariamente a la medición, indicó que “el que más nivel alcanzó está hasta mil veces por debajo de los límites máximos admitidos por la Unión Europea”.
De este modo, el propio Bronzovich desestimó que los informes de Aparicio constituyeran una campaña de demonización de la agricultura argentina, aunque la investigadora sostiene que sus muestras confirman la presencia de agroquímicos en la sangre de varias personas y que ello debería ser motivo de preocupación.
Desde los Países Bajos, Violette Geissen, profesora de la Universidad de Wageningen y coordinadora general de SPRINT, calificó el castigo de “injusto” y defendió el desempeño científico de Aparicio. “Virginia Aparicio es una investigadora excelente”, afirmó en declaraciones al medio Tierra Viva.
“Hicimos protocolos para armonizar los métodos y que se realizaran en todos los países de la misma manera. Virginia siguió esos protocolos al pie de la letra”, añadió. Geissen recordó además que “el INTA firmó su ingreso al consorcio conociendo qué se iba a hacer y cuáles eran los objetivos. Ese contrato no lo firmó Virginia, lo firmó el responsable del organismo. Por lo tanto, no se entiende cómo luego quieren irse”.
Las explicaciones de Bronzovich se produjeron horas antes de que Aparicio se presentara en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, invitada por legisladores del Frente de Izquierda. Según relató La Izquierda Diario, en la presentación se denunció la gravedad de la medida, calificada como un hecho “completamente inédito”, y se sostuvo que “esto se hace para acallar, para censurar lo que ella ha investigado”.
La sanción se da en un contexto de ajuste en el INTA, con 1.800 empleados menos desde el inicio del actual gobierno y denuncias gremiales por el nombramiento de funcionarios sin concurso público. La exoneración de Aparicio se conoció pocos días después de que el Consejo Directivo aprobara el nombramiento de un contador que, el día anterior, había cobrado una indemnización de otro organismo del Estado por 110 millones de pesos.
