Un cartel en una ruta ofrece 'Cartas de Porte', documento gratuito y digital que se vende ilegalmente entre 350.000 y 500.000 pesos para amparar granos del mercado negro. La brecha entre operar en blanco y en negro es de al menos 2 millones de pesos por camión.
“Duchas con agua caliente”, ofrece un cartel a un costado de la ruta de una región agrícola importante. Debajo de esa oferta para los choferes de camiones graneleros aparece otra propuesta tentadora: “Cartas de Porte”.
Las Cartas de Porte (CP) son un documento jurídico y fiscal que actúa como contrato de transporte y comprobante del traslado de mercaderías. Es el documento necesario por si la policía detiene un camión en la ruta y pregunta por el origen y el destino de una carga: sin la CP, los uniformados pueden sospechar que los granos transportados son robados o que intentan ser comercializados en negro.
Lo llamativo es que las CP no se venden ni se compran: desde hace tiempo se tramitan de manera gratuita desde la página de la AFIP, hoy ARCA. Por eso, que se ofrezcan al borde de la ruta expone fallas en los controles y en el sistema de trazabilidad.
El documento tuvo un largo recorrido antes de llegar a su formato actual. Entre 1990 y 2008 rigió un régimen de documento físico y control de tránsito: la Carta de Porte era un formulario en papel reglamentado por organismos de transporte e inspección, como la Junta Nacional de Granos o la Secretaría de Agricultura, y la fiscalización se realizaba mayormente en controles sobre las rutas.
Durante años, los formularios se adquirieron a través de las bolsas de cereales de Buenos Aires y Rosario y de la Federación Agraria Argentina, que tuvo en esa venta una de sus principales fuentes de ingresos. El sistema cambió con el conflicto de 2008 por las retenciones móviles: mediante la Resolución Conjunta 2595/2009, impulsada por Ricardo Echegaray —entonces al frente de la AFIP y de la ex ONCCA—, el Estado tomó el control exclusivo de la emisión. Se eliminaron los formularios comprados en imprentas comerciales y se implementó la solicitud gratuita con clave fiscal y el Código de Autorización de Traslado de Granos (CATG).
Con la creación del SISA y la Resolución General 4310/2018, la autorización para solicitar Cartas de Porte pasó a depender de exigencias como el estado de scoring fiscal de cada productor y la superficie sembrada declarada. El cambio más profundo llegó con la Carta de Porte Electrónica (CPE Granos) en 2021, que eliminó el papel y estableció un uso 100% digital para el transporte automotor y ferroviario de granos no destinados a la siembra. Luego se sumó la Carta de Porte Electrónica de Derivados Granarios (CPEDG), que extendió el control a harinas, aceites, expeller y subproductos.
Ya durante el gobierno de Javier Milei, la desactivación del RUCA y la migración de operadores al SISA mediante la RG50/2025 generaron un período de confusión sobre quiénes estaban autorizados a emitir estos formularios.
En un camión de cereal cuya carga vale entre 12 y 20 millones de pesos, la diferencia entre el precio blanco y el precio negro es al menos el 10,5% de IVA, y se amplía a casi 15% con el redondeo de las llamadas “operaciones en 2”. Se trata de al menos 2 millones de pesos de diferencia por cada equipo vendido al margen de las normas fiscales.
Quienes las venden son habitualmente “valijeros”, intermediarios que manejan una zona agrícola determinada y saben quiénes tienen un “sobrante” de cosecha para vender por el canal negro. Son esos mismos personajes los que obtienen las nuevas matrículas en los registros del SISA. Para obtenerlas resulta obligatorio explotar una planta, pero sin tenerla hay decenas de razones sociales que operan fugazmente y llenan el mercado de Cartas de Porte truchas generadas desde algún lugar conectado a un costado de la ruta.
Esos documentos son truchos en el sentido de que se generan para cubrir saldos de granos inmanejables por enormes compras de cereal en negro que realizan algunas empresas. Según las fuentes consultadas, esas CP marginales también sirven para amparar traslados hasta los pasos fronterizos y atravesar los controles de Gendarmería sobre las rutas 34, hacia el norte, y 14, en el litoral.
Los precios, según algunos testimonios, oscilan entre 350.000 y 500.000 pesos en lugares precisos de las rutas. Los valores dependen de la duración que debe tener el CATG para mover la carga, de la fecha de vencimiento del formulario y de si se trata de un formulario pasible de ser liquidado o no.
El cartel de la fotografía puede parecer gracioso, pero refleja mecanismos de control ineficientes y expone fallas en el sistema de trazabilidad. Con una diferencia en contra del Estado de al menos 2 millones de pesos por cada camión, estos documentos alimentan los traslados de camiones hacia los pasos fronterizos de Salta y Misiones.
