La Justicia Federal de Resistencia conformó un Equipo de Coordinación Interinstitucional para monitorear, prevenir y controlar desmontes en el Chaco y garantizar la medida cautelar que prohíbe los desmontes ilegales en el Gran Chaco. El primer informe deberá entregarse en febrero de 2027.
La Justicia Federal de Resistencia conformó el "Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco", una mesa que reunirá a funcionarios provinciales y nacionales, organismos públicos, policías, gendarmes, fiscales y organizaciones ambientalistas para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar que prohíbe los desmontes ilegales en el Gran Chaco.
La jueza Zunilda Niremperger dispuso la creación del comité con el objetivo de "garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente". Esa prohibición fue dictada inicialmente en 2024, levantada por la resistencia de la actividad productiva y restituida en mayo por el Tribunal Federal de Casación, la máxima autoridad penal nacional, en el marco de la megacausa penal de la "Mafia de los desmontes", iniciada en 2024 y que ya cuenta con una decena de imputados.
El expediente detalla los nombres que ocuparán la mesa. Por el Ministerio Público Fiscal Federal estarán los doctores Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell; por la provincia del Chaco, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Gustavo García; y en representación de la Autoridad Ambiental Nacional participará el ingeniero forestal Eduardo Manghi.
La Administración de Parques Nacionales sentará al intendente del Parque Nacional Copo, Néstor Arriola, y al director de la Regional Norte, Sergio Arias Valdecantos. La Gendarmería Nacional estará representada por su jefe, el comandante general Claudio Brilloni. También integrará el equipo la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, con Fabián Maggi como representante.
"Es una resolución muy trascendente. Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales y hacer efectiva la prohibición vigente", señaló Maggi.
La ecorregión del Gran Chaco, que abarca bosques nativos en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, es uno de los epicentros de mayor avance de la deforestación: pierde unas 40.000 hectáreas cada seis meses, una superficie equivalente a dos ciudades de Buenos Aires. El sector ambientalista ha denunciado la cooptación de los mecanismos de control por parte de los sectores interesados en avanzar sobre las áreas protegidas.
Uno de los ejemplos más recientes fue el caso de 1.800 hectáreas desmontadas en el límite con el Parque Natural Provincial Loro Hablador, denunciado semanas atrás por las entidades ambientalistas. "A raíz de esa situación crítica, le pedimos a la jueza que se genere un comité de control. Esperamos que se traduzca en una protección real del bosque del Gran Chaco y logremos que no se siga desmontando", dijo Maggi.
La resolución establece que el intercambio de información será primordial, mediante sistemas de monitoreo satelital, alerta temprana y vigilancia territorial, con comunicación fluida e inmediata para coordinar acciones ante posibles irregularidades.
En cuanto al poder de policía, la Justicia exige a la Gendarmería Nacional "reforzar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y operativos destinados a las tareas de vigilancia, monitoreo, patrullaje preventivo y detección temprana de posibles desmontes", y evaluar la incorporación de personal, vehículos, drones y otras herramientas tecnológicas. Del mismo modo, pide al ministro de Seguridad de Chaco "fortalecer las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales".
Ante la detección de acciones ilegales, la resolución obliga a comunicar de manera inmediata toda alerta a la Dirección de Bosques provincial, para que "disponga las verificaciones territoriales y adopte las medidas administrativas preventivas, de fiscalización o de cese de actividades". El Ministerio Público Fiscal deberá intervenir cuando existan posibles "delitos o incumplimientos de la medida cautelar judicial". También se contempla la "intervención judicial urgente" para evitar dilaciones en medidas que requieran autorización, como allanamientos o decomisos.
Para el seguimiento del trabajo, que comenzará en las próximas semanas, la Dirección de Bosques de la Provincia del Chaco y el Ministerio Público Fiscal Federal deberán presentar informes periódicos ante el tribunal.
Esos informes detallarán las alertas detectadas, las medidas administrativas, preventivas o investigativas adoptadas y las dificultades que se hayan registrado en el proceso. El primero deberá entregarse dentro de la primera mitad de febrero de 2027, y luego tendrán una frecuencia trimestral.
