Entre Ríos declaró la emergencia o desastre agropecuario para explotaciones ganaderas y apícolas de islas y anegadizos por la crecida del Paraná. La medida, vigente hasta julio de 2027, posterga los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural hasta enero de 2028.
Luego de varias semanas de iniciada la crecida del río Paraná, Entre Ríos declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas alcanzadas por el fenómeno y se convirtió en la primera provincia mesopotámica en hacerlo. La medida comprende a los productores ubicados en zonas de islas y anegadizos de los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.
Las regiones costeras más afectadas por el aumento del caudal siguen en alerta: a pesar de acelerar las gestiones, la logística aún complica el traslado de los animales desde las islas. Con la declaración, la provincia habilitó exenciones impositivas a nivel provincial y avanza con gestiones ante el Ministerio de Economía para que Nación homologue la medida.
Para paliar los efectos de la crisis hídrica, el decreto demora los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2026 y 2027 recién para el 31 de enero de 2028 para los establecimientos alcanzados. Además, establece un plan especial para cancelar los anticipos con facilidades de pago de hasta tres cuotas mensuales consecutivas y sin interés de financiación, con vencimiento de la primera el 10 de marzo de 2028.
La norma también condona las multas e intereses generados por el cumplimiento fuera de término de los anticipos prorrogados. En los casos catalogados como desastre agropecuario, los productores quedarán directamente eximidos del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural con vencimiento hasta julio de 2027. "El porcentaje de la exención dispuesto será el equivalente al porcentaje de pérdida declarado en el certificado de desastre que en cada caso se otorgue a las y los productores damnificados", aclararon desde la provincia.
La medida, tramitada por la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, exige que cada establecimiento se registre mediante una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos para acceder a los beneficios previstos.
El área elegida responde al análisis realizado por la comisión provincial junto a organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Senasa, la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), las direcciones de Hidráulica y Obras Sanitarias, Producción Animal, el INTA y Prefectura Naval Argentina.
Respecto a la ganadería, el informe señala que los perjuicios económicos y productivos derivan de "la disminución de la productividad, la reducción del precio obtenido por ventas forzosas de hacienda, los mayores costos de alimentación, traslado y arrendamiento de campos receptores, así como las dificultades operativas y sanitarias asociadas al retiro y reubicación de los animales". Es decir, contempla no sólo las pérdidas económicas por la salida anticipada de las zonas inundables, sino incluso el "costo oculto" posterior, como el aumento de los alquileres y la caída de las cotizaciones en el mercado.
En la actividad apícola, el informe se detiene en los problemas de los apiarios emplazados en zonas de humedales, islas y franjas costeras, "incluyendo pérdidas directas, dificultades para el retiro y reubicación de las colmenas y consecuencias productivas, sanitarias y económicas derivadas de la inundación".
"Ante la gravedad de los daños informados, de carácter excepcional, se concluye que estos afectarán de manera significativa el desempeño económico de los productores ganaderos y apícolas en el área impactada y que por su magnitud dificultarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales y crediticias a los actores involucrados", expresaron desde la provincia, que justifica la importancia de anticiparse con la primera declaración de emergencia en la región.
