La industria canadiense de alimentos y bebidas aporta 35.100 millones de dólares al PIB y asegura que podría llegar a 56.200 millones en 2035 con más inversión, menos regulación redundante y programas migratorios ajustados a su demanda laboral.
La industria canadiense de alimentos y bebidas, que hoy aporta 35.100 millones de dólares al PIB nacional, asegura que podría elevar esa cifra hasta los 56.200 millones en 2035 si cuenta con las condiciones adecuadas de inversión, regulación y mano de obra. El sector creció 1,4% anual entre 2011 y 2018, pero se estancó entre 2019 y 2025 por la incertidumbre comercial, el alza de costos de insumos y la pandemia.
Sylvain Charlebois, director del Agri-Food Analytics Lab de la Universidad de Dalhousie, considera que la situación es aún peor: estima que la productividad del sector cayó 5,8% en los últimos 18 meses. «No es solo que esté plana, es mucho menos productivo», dijo. En contraste, señaló que la productividad del sector alimentario estadounidense mejora con rapidez desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
Los fabricantes canadienses de alimentos y bebidas compran cerca de la mitad de la producción agropecuaria anual del país. La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria del gobierno federal fijó una meta de crecimiento anual del PIB de 2,75% en el sector de procesamiento de alimentos entre 2027 y 2035.
Kristina Farrell, directora ejecutiva de Food and Beverage Canada, explicó que sus empresas afiliadas tienen planes para construir plantas, ampliar las existentes y sumar líneas de producción, pero enfrentan demasiada incertidumbre en los mercados. El sector pidió recientemente un fondo federal de procesamiento interno de 2.000 millones de dólares, pero recibió un Fondo de Respuesta Estratégica de 500 millones que luego se redujo a 350 millones en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.
«Según entendemos, ese fondo ya quedó sobresuscrito incluso en su primera convocatoria», afirmó Farrell. «Eso demuestra que las empresas quieren hacer estas inversiones». Charlebois recordó que en septiembre el gobierno anunció un fondo Agri-Food Project Finance de 1.000 millones de dólares para impulsar proyectos que amplíen la capacidad de procesamiento, y que los fabricantes pueden acogerse a la nueva deducción fiscal del Gobierno de Canadá Productivity Mega Deduction para amortizar bienes de capital elegibles y gastos de desarrollo.
En materia regulatoria, Farrell dijo que existe un buen proceso para identificar y desarrollar nuevas normas de salud y seguridad alimentaria. «No tenemos un proceso igualmente bueno para identificar aquellas regulaciones que están desactualizadas, que ya no aportan valor, que son redundantes y que no siguen el ritmo de las jurisdicciones internacionales», sostuvo.
La industria considera, por ejemplo, que el registro federal de plásticos es redundante porque ya existen requisitos provinciales de reporte. Farrell señaló que algunas empresas procesadoras identificaron una lista de 100 regulaciones redundantes que afectan sus operaciones y generan cientos de millones de dólares en costos innecesarios. Charlebois coincidió: «Este es probablemente el punto más importante, porque con demasiada burocracia es difícil construir un sector eficiente y productivo».
El presidente del Consejo del Tesoro, Shafqat Ali, anunció recientemente una nueva directiva del gabinete que exige a los departamentos recortar el costo de la regulación en 2 dólares por cada dólar añadido. La medida entrará en vigor el 31 de diciembre de 2026 y durará tres años.
«Es difícil para las empresas hablar de sus planes de crecimiento si no saben si tendrán suficientes trabajadores», dijo Farrell. Los fabricantes dependen en gran medida de trabajadores extranjeros, pero los programas migratorios actuales no se ajustan a sus necesidades: el Programa de Trabajadores Agrícolas de Temporada no reconoce el carácter permanente de los empleos del sector, y más del 20% de la fuerza laboral de muchas empresas son trabajadores extranjeros sin vía para obtener la residencia permanente. La cancelación del programa piloto Agri-Food, la caída de los niveles de inmigración y la reducción del Programa de Nominados Provinciales agravan la escasez.
Charlebois planteó una alternativa al problema laboral: «Se puede abordar con automatización y robótica, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos».
El informe del Instituto Canadiense de Políticas Agroalimentarias (CAPI) encargado por Food and Beverage Canada trazó cinco escenarios de crecimiento real del PIB del sector. Los resultados van desde un enfoque de continuidad, con un PIB de 41.200 millones de dólares hacia 2035, hasta el mejor escenario, con un crecimiento de 4,8% anual que permitiría llegar a 56.200 millones en 2035. Ese escenario combina una reforma regulatoria significativa con una alta inversión y financiamiento del gobierno.
Farrell considera que el mejor escenario es factible si la industria logra avanzar en su lista de pedidos y espera recibir buenas noticias en el presupuesto del 5 de noviembre. «Somos bastante optimistas, pero tendremos que esperar y ver», dijo.
Según el informe del CAPI, el financiamiento federal representa 5% de la contribución anual del sector al PIB, frente al 13,4% del sector de minerales críticos, el 22,4% del aeroespacial y el 19,7% del automotor y de autopartes. Farrell reconoció que es comprensible que esos sectores reciban ayuda adicional por los aranceles que enfrentan en el mercado estadounidense, pero recordó que la industria de alimentos y bebidas es la mayor manufactura de Canadá, con más de 9.000 empresas y más de 318.000 empleos directos. «Si el objetivo es fortalecer la capacidad industrial de Canadá y nuestra resiliencia económica, pasar por alto la manufactura de alimentos y bebidas no tiene mucho sentido», concluyó.
